Situación de la infancia en España

Ángel Hernández Martín
Director de la Plataforma de Organizaciones de Infancia
La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN), de 1989, marco de trabajo de la Plataforma de Infancia, fue ratificada por el Parlamento Español el 30 de noviembre de 1990, entrando en vigor el 5 de enero de 1991. Desde entonces y hasta la fecha, el Gobierno Español ha elaborado tres informes de progresos. El “I Informe de España sobre la Aplicación de la CDN” fue enviado en agosto de 1993, el “II Informe de España sobre la Aplicación de la CDN 1993-1997” en febrero de 1999 y el último, el III y IV Informe, el año en curso.

Dicha aprobación supuso un claro punto de inflexión en el reconocimiento y tratamiento dispensados hasta ese momento a la infancia por el enfoque de derechos que incluye, lo que supone reconocer la igualdad, universalidad e interdependencia de los derechos incorporados, la concepción del niño y la niña como sujetos activos de derechos, así como la obligación de los Estados Partes de la Convención de rendir cuentas sobre su cumplimiento.

En el caso de España, ya desde finales de los años 70 ha experimentado profundos cambios políticos y de naturaleza sociocultural, que han supuesto transformaciones sustanciales en las relaciones sociales, y en la estructura y funcionamiento de las instituciones.

En este clima de cambios, el papel de los niños y niñas en la sociedad española ha adquirido nuevas dimensiones y el niño ha pasado a ser objeto de atención y reconocimiento. Es posible afirmar que los asuntos relacionados con infancia han jugado un papel importante en el desarrollo tanto de políticas gubernamentales como del marco regulador.

Muestras positivas de ello son el gran desarrollo del Plan de Acción de Infancia de 1996 y del más reciente Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, así como la promoción legislativa derivada de la promulgación en España de la CDN, que incluiría, entre otras normas de ámbito estatal, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/1996, de 15 de enero, y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores.

Sin embargo, todavía no se ha logrado que la Convención sea lo suficientemente conocida. En consecuencia, aún en los ámbitos en que se conoce, es considerada como una mera declaración de intenciones y no como un instrumento jurídico de obligado cumplimiento.

Por otra parte, la administración tampoco ha conseguido desarrollar un sistema de información que describa el panorama general en que se encuentra la infancia en nuestro país, con independencia de los esfuerzos que vienen haciéndose en este sentido. El más claro exponente de ello es el Observatorio de Infancia, adscrito al actual Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Junto a esto, no podemos olvidar que España carece de un marco general para las políticas de infancia de naturaleza realmente intersectorial.

Por último, parece insuficiente la dotación de recursos humanos y económicos destinados a la infancia. Parece evidente que esta no consigue cubrir toda la demanda que plantea la población infantil y adolescente. Además, es constatable la gran desigualdad de los recursos disponibles en cada Comunidad Autónoma. El menor de edad, en muchos casos, tendrá más o menos opciones de obtener un apoyo integral en función de la Autonomía en la que resida.

Teniendo en cuenta lo anterior, pueden citarse como cuestiones a considerar de prioritario abordaje las siguientes:

Entorno familiar
Iniciativas para la prevención y readaptación social de niños, niñas y adolescentes en situación de acogida, adopción y tutela (sistema de protección).
Conciliación de la vida personal y laboral.

Menores extranjeros no acompañados
Áreas de tutela y protección: situación reiterada de desprotección y vulneración de la CDN al priorizar la condición del niño como extranjero sobre su minoría de edad.
Respeto del principio del interés superior del niño en los procedimientos de reunificación familiar y repatriaciones.

Violencia
Seguimiento y aplicación del Protocolo unificado a nivel nacional para la identificación y el traslado de los diversos casos de maltrato.
Sensibilización: impulso de campañas de prevención y protección.

Medios de comunicación y TIC
Promoción de contenidos de calidad en los medios de comunicación.
Fomento de las TIC.
Aplicación del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia.

Educación
Fracaso y absentismo.
Privatización y externalización de los servicios y recursos.

Participación infantil
Reconocimiento y promoción del derecho de participación infantil.
Promoción de Consejos Escolares y Municipales.

Justicia juvenil
Falta de recursos para la correcta aplicación de determinadas medidas.
Promoción de la prevención.

Pobreza y exclusión social
Altas tasas de pobreza infantil.

Salud básica y bienestar
Fomento de programas de Educación para la Salud.
Fortalecimiento de los servicios de salud mental.